El Esquema Nacional de Seguridad (ENS) entra en la empresa privada por la puerta de atrás.

Una de las novedades más importantes que nos trae la LOPD-DD (Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre) pueda haber pasado inadvertida, pero tiene su enjundia.

Me refiero a la disposición adicional primera, referida a las medidas de seguridad en el sector público.

El artículo 3 de la ley reguladora del ENS se remitía al artículo 2 de la ley 11/2007 sobre el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos para determinar los sujetos obligados a su aplicación, obligando de forma general a todas las administraciones públicas y entidades de derecho público vinculadas. 

La LOPD-DD da un pasito más y amplía el ámbito de aplicación del ENS acogiendo en su seno a los órganos constitucionales e instituciones análogas de las CC.AA, a los órganos jurisdiccionales, a las autoridades administrativas independientes, al Banco de España, a las Corporaciones de Derecho Público en relación con su actividad sujeta a derecho público, a las fundaciones del sector público, a las Universidades Públicas, a los Consorcios, a los grupos parlamentarios de las Cortes y de las Asambleas Legislativas autonómicas y a los grupos políticos de las Corporaciones Locales.

Pero además y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, mete en el mismo saco a quien preste un servicio en régimen de concesión, encomienda de gestión o contrato.

Miguel Ángel Vila Espeso 
IVAC-INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN