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  ARTÍCULOS DE OPINIÓN


07 2017
31
LA UNIÓN EUROPEA SE REFUERZA FRENTE A CONDUCTAS DE LAS PERSONAS JURÍDICAS CONTRA SUS INTERESES ECONÓMICOS. COMPLIANCE PENAL: LAS PERSONAS JURÍDICAS MÁS RESPONSABLES.

La Directiva (UE) 2017/1371 publicada en el DOUE de 28 de julio refuerza la protección de sus intereses financieros, obligando a los Estados a castigar penalmente las conductas dolosas que atenten contra sus intereses económicos.

El refuerzo viene en varias líneas:

  1. Frente al actual artículo 306 del Código Penal, amplia el bien jurídico protegido, de tal manera que ya no es sólo el presupuesto de la Unión, sino los “intereses financieros”: ayudas y subvenciones, contratos públicos e ingresos procedentes de recursos propios de la Unión (IVA, aranceles, etc.).
  2. Obliga a los Estados a tipificar el corrupción activa y pasiva de funcionarios responsables de la gestión de esos intereses financieros.

Y en línea con el actual artículo 306 del Código Penal, obliga a incorporar la responsabilidad por estos hechos a las personas jurídicas.

Se anexa la DIRECTIVA (UE) 2017/1371 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 5 de julio de 2017 sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal.

Directiva UE 2017.1371.pdf


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06 2017
09
MEDIDAS DE SEGURIDAD PASIVAS

Este documento se elabora con la intención de explicar brevemente cuáles son algunas de las Medidas de Seguridad Pasivas que se deberían de colocar en unas instalaciones de las Fuerzas de Seguridad (Seguridad Pública) para llegar a reducir el riesgo que existe en la actividad diaria.

Esto es debido a que, si la seguridad al cien por cien no existe, al menos hay que reducir ese porcentaje, aplicando el “Método cuantitativo de Mosler”, donde los criterios de agresión y de vulnerabilidad son altos, debido a la ausencia de medias pasivas de seguridad.

Por ello, una de las medidas a colocar en lugares cerrados, habitáculos, centros de control o demás lugares donde se deba preservar la seguridad de personas o bienes, son los vidrios de seguridad que deben responder a diferentes prestaciones y entre ellas, las concernientes a la seguridad, tanto frente a los comportamientos de impactos accidentales como de protección frente a agresiones voluntarias.

Medidas de Seguridad Pasivas.pdf


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05 2017
15
CIBERATAQUES Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION

Una de las noticias estrella de este fin de semana ha sido el ciberataque que se ha producido en 150 países y sobre infinidad de importantes empresas, como es el caso de Telefónica. Otras entidades como la Ciudad de la Justicia de Valencia, como medida preventiva, tuvieron que prescindir de los sistemas informáticos en las guardias de los juzgados de instrucción, según apuntaba la prensa.

Por los nombres utilizados de “ciberataque”, “ciberterrorismo”, etc., tal vez muchas pequeñas empresas consideren que no son objetivo estratégico de bandas organizadas de delincuencia informática, y que la seguridad informática es para los Estados, grandes corporaciones e instituciones.

Sin embargo, tal vez no se hayan parado a pensar en que si bien es cierto, y el efecto mediático de atacar los sistemas informáticos de grandes instituciones de los Estados, por ejemplo la Agencia Tributaria Española, la Tesorería de la Seguridad Social, o cualquier ministerio, sí que pueden enfrentarse en los próximo años a los “chorizos informáticos”, es decir, pequeños delincuentes (como existen delincuentes dedicados a pequeños delitos como tirones de bolsos, carteristas, etc.) que introduzcan virus en sus sistemas informáticos exigiendo una cantidad (tal vez no muy elevada) para permitirles seguir trabajando. Algo así como un “secuestro exprés” aunque sin la violencia de este tipo de delitos y con unas mayores garantías de impunidad por las dificultades de soslayar el anonimato de la Red.

¿Hasta cuánto estaría dispuesta a pagar una pequeña empresa para poder seguir trabajando sin que se paralizara su actividad?

Sin duda aluna esto nos debe hacer reflexionar de forma inminente sobre los riesgos que tienen las empresas.

http://www.ivac.es/servicios/certificacion/seguridad-de-la-informacion-ISO-27001.html
Los ciberataques.pdf


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03 2017
14
La NORMA ISO 27001 Y EL SECRETO COMERCIAL

La certificación ISO 27001 parece que está empezando a ser una moda en los pliegos de contratación y en las convocatorias de subvenciones.

Pero además de esta utilidad y de la lógica, pero intangible utilidad de preservar la información empresarial, la norma ISO 27001 puede tener una más importante que probablemente todavía haya pasado desapercibida: los secretos comerciales.

Resulta importante que sea la propia empresa la que defina y determine que entiende por “secreto comercial” antes de que sea el juez o tribunal quien valore si la misma tiene valor comercial.

Y una vez definido esto, en la norma ISO 27001 se puede encontrar un buen elemento de apoyo para la protección.

Secreto-comercial.pdf


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01 2017
31
El carácter de agentes de la autoridad de los vigilantes de seguridad en la Ley de Seguridad Privada del año 2004.

La condición de agente de la autoridad a los vigilantes de seguridad no ha estado exenta de cierta polémica.

Hasta el año 1991 no parecía haber problema en considerarlos agentes de la autoridad, pero en el año 1991 el Tribunal Supremo dio un giro y negó sistemáticamente su carácter de agente de autoridad en base a que ello requería de una norma con rango de ley y no una disposición reglamentaria para que pudiera integrar la legislación penal.

La Jurisprudencia menor así lo hizo en los casos que dicha condición les venía atribuida por ley.

Los-vigilantes-como-agentes-de-la-autoridad.pdf


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01 2017
25
Algunos requisitos aún exigibles a las empresas de seguridad privada a examen

El artículo surge porque varios vigilantes de seguridad, después de un ERE en el que se han visto incluidos, con un pequeño capital han creado una empresa de seguridad en régimen cooperativo siguiendo la tendencia del emprendimiento que desde la propia Administración pública se está fomentando; parece que al amparo del Reglamento de Seguridad Privada y de la Orden INT/314/2011 tienen que hacer una inversión en la sede social, tanto en acondicionamiento de la misma como en la instalación de un armero, aunque no pretenden prestar servicios con armas y tampoco las necesitan para la realización de las prácticas de tiro actualmente obligatorias, pues cuando llegue el momento ven como mejor opción alquilarlas a una armería.

El coste de la inversión es muy elevado para ellos y no tienen recursos económicos para hacer frente a la misma; de las entidades financieras no consiguen financiación porque la empresa es de muy reciente creación y tampoco pueden afianzar la operación crediticia porque sobre sus viviendas habituales, único activo que poseen, hay constituida una hipoteca y además necesitan también avalar el afianzamiento ante la DGP (no pueden avalar ambas operaciones). El poco capital que poseen lo necesitan para la adquisición de equipos informáticos, un modesto acondicionamiento de la oficina, adquisición de uniformidad, seguros y avales, algo de material comercial, etc. y para hacer frente a los gastos generales antes de poder contratar, prestar y cobrar los primeros servicios.

Se plantea si algunos requisitos exigibles a las empresas de seguridad privada contenidos en la Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada, bien podrían ser contrarios a la Ley de Seguridad Privada de 2014, imponiendo unas condiciones que en nada garantizan ni mejoran los servicios prestados por las mismas ni queda justificada su exigencia.

Somete a revisión algunos de los requisitos que la práctica administrativa exige para la autorización de las empresas de seguridad y que incluso pudiera plantearse su ilegalidad ya con la Ley de Seguridad Privada de 1992.

Se considera la necesidad de un desarrollo reglamentario urgente de la Ley de Seguridad Privada tanto por exigencia de la propia ley como por la incompatibilidad de la misma con un reglamento que a duras penas se ha ido adecuando a los cambios operados en el ordenamiento jurídico y en el propio entorno y modelos de negocio de la seguridad privada. El reglamento debería considerar especialmente el criterio de “proporcionalidad” de los requisitos exigibles para la autorización de las empresas de seguridad.

requisitos-exigibles-a-empresas-de-seguridad.pdf


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